Sembrar dos veces: las urgencias regulatorias que necesita el sector agroalimentario venezolano

Venezuela tiene la costa Caribe más extensa de la región, tierra donde todo lo que se siembra crece, y una diáspora de casi nueve millones de personas que hoy paga, en euros y dólares, por probar un sabor que dejó atrás. Y sin embargo, en 2026, seguimos discutiendo si el país puede alimentarse a sí mismo. Ese contraste —entre lo que el territorio ofrece y lo que el país ha logrado producir con ello— no es un problema de vocación ni de suelo. Es un problema de diseño institucional, acumulado durante décadas, y del que casi nadie en el sector productivo está hablando con la claridad que merece.

Este no es un ensayo de nostalgia ni un diagnóstico más sobre lo que Venezuela pudo haber sido. Gerver Torres y Roberto Casanova lo advirtieron con precisión en Un sueño para Venezuela: una narrativa política sobre el país no puede limitarse a dibujar un futuro ideal; tiene que promover el aprendizaje sobre lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Esa es exactamente la intención de este texto. Venezuela está atravesando, en este momento, una apertura cuyo alcance real todavía nadie puede garantizar. Pero si algo hemos aprendido de los últimos veintisiete años es que las ventanas de cambio se desperdician cuando se llenan de urgencia y se vacían de memoria. Antes de proponer qué hacer, hay que nombrar con exactitud qué se hizo mal, y por qué se siguió haciendo mal durante tanto tiempo.

La comparación internacional ayuda a calibrar el diagnóstico, aunque sea de forma general. En distintos países se están moviendo hoy en direcciones opuestas: Estados Unidos avanza hacia una agenda de desregulación del sistema alimentario, con recortes de personal y aplazamiento de algunas normas de trazabilidad; Europa mantiene un modelo mucho más exigente en control sanitario, con sus propias tensiones entre protección al consumidor y carga administrativa para el productor pequeño. Ninguno de los dos modelos es perfecto, y cada uno tiene decisiones que otros países harían bien en imitar, y otras que harían bien en evitar. Esa es la primera lección para Venezuela: la pregunta nunca es "¿más o menos Estado?". Es "¿qué controles son los que realmente protegen a alguien, y cuáles solo generan trámite?".

Esa distinción es, quizás, la más urgente de resolver puertas adentro, y es también la que exige más honestidad. En Venezuela circula un mito que hay que empezar a desmontar, no con nostalgia campesina, sino con una pregunta directa: quién responde cuando algo sale mal. Cientos de miles de venezolanos crían hoy animales en patios de casa —cerdos, gallinas, peces— y los sacrifican o cosechan sin ningún tipo de inspección, vacunación verificada o control sanitario. Lo hacen por necesidad, no por descuido: es una respuesta legítima a una economía que no les dejó muchas otras opciones para generar ingreso o poner comida en la mesa. Eso hay que entenderlo sin condescendencia. Pero entender la causa no significa dejar de nombrar el riesgo. Un huevo de una gallina enferma, un cerdo sin vacunar, una hortaliza regada con agua contaminada: cualquiera de esas cosas puede matar a alguien, y ya lo ha hecho en otros países con condiciones similares. La razón por la que en Europa o en Estados Unidos sacrificar un animal en casa sin los permisos correspondientes puede ser incluso un delito no es burocracia por burocracia. Es que, si alguien se enferma o muere por eso, tiene que existir una responsabilidad identificable, no un vacío. La pregunta que cualquier productor —grande o pequeño— debería hacerse no es si el trámite es una molestia. Es si estaría dispuesto a mirar a los ojos a la familia de alguien que murió por un producto que él mismo puso en el mercado sin control alguno.

Ese es el punto de partida real de este ensayo: no es un texto sobre nostalgia agrícola, ni sobre un pasado dorado que hay que recuperar, ni tampoco un llamado a perseguir al pequeño productor. Es un llamado a construir, esta vez, sobre cimientos que no dependan del precio del petróleo, de la voluntad de un ministro, ni de la memoria corta de quien gobierna, y que incluyan a todos —desde la industria hasta el patio de una casa— dentro de un mismo estándar mínimo de responsabilidad. Si Venezuela va a reconstruir su sector agroalimentario, la pregunta que debe guiar cada decisión no es qué hacer en los próximos cuatro años. Es qué queremos que este sector sea dentro de cincuenta.

De potencia agrícola a economía rentista

Antes de ser un país petrolero, Venezuela fue, durante casi dos siglos, un país agrícola de exportación. El cacao de Chuao llegó a cotizarse en el mercado de Ámsterdam desde el siglo XVII, y durante la Colonia fue el producto que sostuvo buena parte del comercio exterior del país. A partir del siglo XIX, el café desplazó al cacao como motor económico: Venezuela llegó a ser el segundo productor mundial de café, un cultivo que representaba alrededor del 7% del producto interno bruto y que financió carreteras, puertos y la consolidación de ciudades enteras en la zona andina y en Maracaibo. Hasta las primeras décadas del siglo XX, la economía venezolana dependía casi por completo de lo que la tierra producía.

Ese equilibrio se rompió con una velocidad que pocos países del mundo han experimentado. Al final del gobierno del general Juan Vicente Gómez, en 1935, el petróleo ya representaba más del 85% de las exportaciones venezolanas. En julio de 1936, apenas semanas después de la muerte de Gómez, el escritor Arturo Uslar Pietri cerró un editorial en el diario Ahora con la frase que se volvería consigna nacional: había que "sembrar el petróleo". La autoría exacta sigue siendo objeto de debate historiográfico: buena parte de la tradición oral y varios historiadores atribuyen la idea de fondo a Alberto Adriani, el economista merideño que como ministro de Agricultura y Cría defendía desde años antes que la renta petrolera debía canalizarse hacia el campo, y que murió apenas 28 días después de la publicación de ese editorial. Uslar siempre reivindicó la autoría literal de la frase, aunque reconoció que la idea coincidía con el pensamiento de Adriani. Más allá de a quién corresponda el crédito, lo cierto es que ambos estaban diagnosticando lo mismo en el mismo año: había que invertir esa riqueza que consideraban transitoria en crédito agrícola, sistemas de riego y caminos rurales, antes de que la bonanza se convirtiera en dependencia. El Estado venezolano escuchó la advertencia y, durante décadas, la desatendió casi por completo. Los especialistas llaman a lo que ocurrió después "enfermedad holandesa": una economía que recibe un ingreso masivo de un solo recurso, ve revaluarse artificialmente su moneda, y termina por volver más barato importar lo que antes producía que seguir produciéndolo.

El resultado fue exactamente ese. La bonanza petrolera desincentivó la inversión en el campo: las técnicas de cultivo se estancaron, la infraestructura rural quedó obsoleta y sin mantenimiento, y la promesa de mejores salarios en las ciudades petroleras y en Caracas provocó un éxodo rural masivo que dejó a las haciendas cafetaleras sin la mano de obra que necesitaban. La roya y otras plagas, sin inversión ni investigación para combatirlas, terminaron de golpear a un sector que ya venía debilitado. Para mediados del siglo XX, el país que había sido potencia cafetalera mundial ya dependía de la importación para alimentar a una población que crecía más rápido de lo que su campo, abandonado, podía sostener.

Ese patrón —dólar barato, importación masiva, abandono del campo— no nació con el chavismo, y es importante decirlo con toda claridad, porque ayuda a entender que no se trata de una falla ideológica de un solo signo político, sino de una lógica rentista que atraviesa gran parte del siglo XX venezolano, tal como lo documentaron Ramón Piñango y sus colegas del IESA en su trabajo sobre el modelo rentista del país. La primera gran institucionalización de ese patrón fue RECADI, el Régimen de Cambio Diferencial creado en 1983 bajo el gobierno de Luis Herrera Campins, que estableció un dólar preferencial para la importación de "bienes esenciales", alimentos entre ellos. El sistema duró hasta 1989 y terminó en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia venezolana: un caso que involucró al expresidente Jaime Lusinchi y a más de 3.000 empresas, la mayoría de maletín, por un monto estimado en 11.000 millones de dólares, casi el doble de las reservas internacionales del país en ese momento.

RECADI no fue un caso aislado ni una anomalía. Fue el primer prototipo de un mecanismo que, con distintos nombres, se repetiría una y otra vez en la historia venezolana: usar el acceso preferencial al dólar para subsidiar la importación de alimentos en lugar de invertir en la capacidad de producirlos, y ver cómo ese subsidio terminaba, casi sin excepción, capturado por redes de sobrefacturación y empresas fantasma antes de llegar a la mesa de nadie. Cuando el chavismo llegó al poder en 1999, no inventó ese mecanismo. Heredó una infraestructura rentista de casi setenta años.

27 años de errores, con nombre y apellido

Si el siglo XX venezolano construyó la infraestructura rentista, los 27 años de chavismo no inventaron ese patrón. Lo heredaron. Lo que sí hicieron fue algo distinto y más grave: lo sostuvieron durante más tiempo del que ningún gobierno anterior había logrado, y lo blindaron detrás de una narrativa de reivindicación social que hizo casi imposible, durante años, señalar la corrupción sin ser acusado de atacar a los pobres. Ese blindaje discursivo —"esto es para el pueblo", "esto es contra el latifundio", "esto es contra la guerra económica"— no fue un efecto secundario. Fue, en la práctica, el mecanismo que permitió que cada esquema de desvío de recursos durara años antes de ser siquiera reconocido públicamente por el propio Estado que lo administraba.

2001 — La Ley de Tierras y el colapso del hato ganadero. El 13 de noviembre de 2001, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó, mediante decreto con rango de ley bajo la Ley Habilitante, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. La firma es suya. La decisión de acelerar las intervenciones y "rescates" de fincas productivas, rebautizando así lo que en la práctica eran tomas, correspondió en buena medida al Instituto Nacional de Tierras bajo la gestión de Elías Jaua como ministro de Tierras durante los años de mayor intervención. El resultado: 3,6 millones de hectáreas expropiadas durante el gobierno de Chávez, más de 446.000 títulos entregados sobre 14 millones de hectáreas, un hato ganadero que cayó de 27 millones de cabezas en 2000 a 8 millones años después, y un 95% de las tierras expropiadas hoy improductivas. En mayo de 2026 el propio chavismo admitió "errores en la asignación de fincas productivas". Nadie ha explicado, con cifras verificables, qué pasó con los créditos que la ley prometía a cada nuevo adjudicatario, ni por qué casi todas esas tierras siguen abandonadas dos décadas después.

2003 — CADIVI y el origen del saqueo cambiario moderno. El 5 de febrero de 2003, Chávez ordenó en Consejo de Ministros la creación de la Comisión de Administración de Divisas, con el argumento declarado de frenar la fuga de capitales tras el paro petrolero. Su primer presidente fue Edgar Hernández Behrens. El organismo quedó adscrito al Ministerio de Finanzas, cartera que durante buena parte de la década siguiente ocupó Jorge Giordani, quien en 2013 admitió públicamente que se habían "perdido" 25.000 millones de dólares a través del propio sistema que él ayudó a administrar. En diciembre de ese mismo año, ya bajo la presidencia de Nicolás Maduro, el propio Estado reconoció ante cámaras que hubo "fraude" y "responsabilidad de funcionarios" en el manejo de divisas preferenciales, sin que trascendiera jamás una lista pública de sancionados. CADIVI duró once años.

El acoso a quien intentó dialogar y a quien intentó importar honestamente. Durante buena parte de estos años, el Ministerio de Alimentación y otras carteras convocaron repetidamente "mesas de trabajo" con el sector privado agroalimentario. La experiencia de quien participó en ellas como representante empresarial fue, con frecuencia, la de horas de espera en oficinas ministeriales sin que ningún funcionario llegara a atender la reunión convocada por el propio Estado —un patrón de simulacro institucional documentado también por gremios como Fedeagro y Fedecámaras durante años. En paralelo, más allá de los contenedores podridos que hicieron famoso al caso PDVAL, existió también el fenómeno de contenedores que llegaban directamente vacíos —sin mercancía alguna— después de haber sido facturados y pagados con dólares preferenciales como si transportaran producto completo.

2004-2008 — Un ministerio nuevo por cada fracaso. Entre esos años se crearon, en sucesión, el Ministerio de Alimentación, las casas de alimentación, Fundaproal, la Superintendencia Nacional de Silos y Venalcasa. Cada uno nació con el argumento de resolver lo que el anterior no había resuelto. Cada uno terminó absorbido por el siguiente.

2008-2010 — PDVAL y "Pudreval". Creada por Chávez en enero de 2008, PDVAL debía garantizar el abastecimiento de alimentos regulados. En 2010, el Servicio Bolivariano de Inteligencia detectó más de 130.000 toneladas de alimentos descompuestos en contenedores varados en al menos ocho estados. La entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz acusó formalmente al presidente de la empresa, Luis Enrique Pulido, y a los directivos Ronald Flores y Mercedes Veleika Betancourt, por boicot y peculado doloso. Ninguno fue condenado. En 2021, el empresario Wakil Naman fue arrestado en Miami por su vinculación con una empresa clonada usada para sobrefacturar importaciones de carne destinadas a PDVAL — el único responsable de todo el caso que ha enfrentado consecuencias legales reales, y fuera del país.

2010 — Éxito expropiado, y una señal que nadie leyó a tiempo. En 2010, el gobierno de Chávez expropió los supermercados de la cadena colombiana Éxito, operados por Cativen, alegando especulación y acaparamiento, y los rebautizó como Bicentenario. Tres años después, en marzo de 2013, la cervecera brasileña Brahma —entonces AmBev Venezuela— anunció el cierre de sus operaciones en el país, en un mercado donde el negocio cervecero había sido históricamente de los más rentables de la región. Que una empresa de ese tamaño decidiera irse fue leído por analistas como Ángel Alayón, en Prodavinci, como una señal de alarma sobre el rumbo económico del país. Casi nadie dentro del propio gobierno la tomó como tal.

El despojo con nombre de expropiación. Durante el paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003, el entonces comandante del Comando Regional N.º 2 de la Guardia Nacional, general Luis Felipe Acosta Carlez, irrumpió por la fuerza en los galpones de Empresas Polar en el sector La Guacamaya, y también en depósitos de Coca-Cola, en medio de la escasez generada por la paralización del país. Años después, como gobernador de Carabobo (2004-2008), su gestión quedó marcada por expropiaciones sin procedimiento legal claro, hasta el punto de que el propio Tribunal Supremo de Justicia tuvo que pronunciarse sobre denuncias de vías de hecho contra la propiedad privada promovidas por su propio gobierno regional.

2014 — La Ley Orgánica de Precios Justos. Promulgada en enero de 2014 bajo la presidencia de Nicolás Maduro, estableció un límite de ganancia del 30% sobre costos para cada actor de la cadena de producción y distribución, un mecanismo que convirtió a Venezuela en el único país del mundo con ese tipo de tope legal. El aparato fiscalizador resultante, la Sundde, concentró su presión sobre el pollo y la res, dejando zonas grises regulatorias —como la del cerdo— que explican buena parte de la reconfiguración del mercado de consumo masivo de los últimos años.

2016 en adelante — CLAP, el mayor esquema documentado. El empresario colombiano Alex Saab y su socio Álvaro Pulido fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. por tejer una red de sobreprecios en la importación de alimentos CLAP a través de sociedades offshore. Saab fue extraditado, sentenciado por lavado de dinero, y liberado en 2023 en un canje de prisioneros. Del lado venezolano, Freddy Bernal ejerció como jefe del Centro de Control Nacional de los CLAP durante buena parte del período investigado. La organización Provea ha exigido públicamente que comparezca ante la justicia. No lo ha hecho. En diciembre de 2017 estalló específicamente el escándalo del pernil navideño, cuando empresas portuguesas reclamaron una deuda de 40 millones de euros por carne de cerdo suministrada un año antes y aparecieron 2.200 toneladas de jamón retenidas sin explicación en Colombia.

El SENIAT como instrumento de acoso selectivo. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, la institución que hoy aporta más del 80% del presupuesto nacional, estuvo dirigido primero por José Gregorio Vielma Mora y, desde febrero de 2008, por José David Cabello Rondón, hermano del dirigente chavista Diosdado Cabello, quien se mantuvo en el cargo durante 18 años consecutivos, hasta ser removido en julio de 2026. Bajo su gestión, el SENIAT se convirtió, según múltiples denuncias periodísticas, en herramienta de presión selectiva. El caso más reciente y más elocuente ocurrió en 2024, en Corozopando, estado Guárico, donde funcionarios del SENIAT cerraron un pequeño puesto de desayunos por no tener máquina fiscal —exigencia que, según reportes locales, no se aplicó a ningún otro negocio informal de la zona— apenas después de que sus dueñas vendieran desayunos a la líder opositora María Corina Machado durante un recorrido por la región.

2016-2018 — El cenit: cuando el mecanismo se quedó sin combustible. Todo lo anterior no fueron errores aislados que el país fue superando uno tras otro. Fueron capas que se acumularon durante quince años, sostenidas por un único combustible: el ingreso petrolero. El mecanismo, en su versión más simple, funcionaba así: una empresa importadora recibía una factura u orden de compra de su proveedor internacional, la presentaba ante Cadivi o su sucesor Cencoex, y el Estado aprobaba la adjudicación de divisas preferenciales para pagar esa importación. Ese ciclo dependía de una condición: que el Estado tuviera dólares que otorgar. Esa condición dejó de cumplirse entre 2016 y 2018. La producción petrolera venezolana, que había superado los 3 millones de barriles diarios a finales de los noventa, se desplomó a apenas 1,2 millones de barriles diarios en 2018. La deuda de PDVSA con sus propios proveedores superó los 5.000 millones de dólares en 2017, lo que provocó la salida de operadores internacionales y aceleró aún más la caída de producción. Sin barriles que vender, no había dólares que asignar, y miles de empresas que operaban bajo ese mecanismo dejaron de recibir la aprobación de divisas que necesitaban para pagar a sus propios proveedores. El impago generalizado provocó cierres masivos. El país cerró 2017 con una inflación acumulada de 2.616% y una caída del PIB del 15% en un solo año; para 2018, la inflación se acercaba al millón por ciento anual. Ese fue el cenit: la escasez generalizada de alimentos y medicinas más severa que Venezuela y la región hayan registrado, y el detonante directo de la migración masiva de casi nueve millones de personas.

El patrón, nombrado sin eufemismos. Una ley de tierras que firmó Chávez y ejecutó Jaua. Un control cambiario que ordenó Chávez y administró Giordani, con pérdidas que el propio Estado reconoció y nunca sancionó. Una empresa de alimentos cuyo presidente fue formalmente acusado y jamás condenado. Un esquema de importación que terminó con un empresario colombiano preso en Estados Unidos, mientras su contraparte venezolana sigue en funciones. Ese es el inventario real de 27 años: no la ausencia de responsables identificables, sino la ausencia sistemática de consecuencias para ellos.

El mercado hoy

Según Ecoanalítica, el mercado de consumo masivo venezolano se ubica hoy en unos 18.000 millones de dólares, apenas el 10% de lo que representaba en 2008. En 2025, ese mercado creció 8,4% en unidades vendidas, con un promedio de consumo de 17,7 millones de unidades semanales, cifra que subió a cerca de 19 millones semanales en lo que va de 2026, según Atenas Grupo Consultor. El crecimiento en precios fue de aproximadamente 29% en el mismo período. El 87% de los hogares venezolanos ha tenido que tocar sus ahorros para sostener ese nivel de consumo.

¿Cómo se reparte el gasto por categoría?

 De cada 100 dólares que gasta un hogar venezolano en consumo masivo, 37 van a licores —principalmente cerveza—, 20 a bebidas no alcohólicas, y 27 a alimentos. El cuidado personal y del hogar representa cerca del 10%, mientras que los lácteos apenas alcanzan 4 de cada 100 dólares. Las categorías con mayor dinamismo en 2025 fueron el yogurt (+21% en volumen) y los pasabocas, en pleno proceso de sofisticación.

¿Quién domina el anaquel?

 Venezuela es el país de América Latina donde más peso tienen las marcas líderes tradicionales dentro del gasto total: 56 de cada 100 dólares se destinan a marcas dominantes como Coca-Cola, Colgate o Maggi. La marca propia —que en Colombia ya representa el 14% del consumo gracias a cadenas como D1 y Ara— prácticamente no existe en Venezuela. El número de referencias disponibles en categorías como yogurt o pasabocas es apenas un tercio de lo que existe en Colombia.

¿El tamaño real del mercado informal?

Venezuela es el cuarto país de América Latina con mayor tasa de informalidad económica, alcanzando el 70% de la actividad, según Ecoanalítica. Un informe de Poli-data de mayo de 2025 es todavía más contundente: más del 60% de la economía venezolana —comercio, producción y manufactura incluidos— no se registra formalmente. El empleo formal cayó de 7,5 millones de trabajadores en 2014 a 4,9 millones en 2021, una caída del 34%.

La trampa del punto de partida. 

Casi todos los análisis disponibles toman como comparación el fondo del abismo de 2016-2018, cuando los anaqueles llegaron a tener una sola marca por categoría o ninguna. Medido contra ese punto cero, cualquier recuperación luce espectacular. Medido contra la propia Venezuela de 2008 —un mercado de consumo masivo diez veces más grande que el actual—, la fotografía cambia por completo. El consumo de carne de cerdo per cápita, que llegó a 8,1 kilogramos en 2008, cayó a 0,8 kilogramos en 2020 y en 2025 todavía no alcanza ni la mitad de aquel pico. El PIB venezolano, que rondaba los 332.000 millones de dólares a inicios de la década de 2010, cayó a 211.000 millones para 2017, una pérdida del 37% en cinco años. Esa brecha no se cierra con inercia: un crecimiento del 8-10% anual, sostenido en parte por hogares gastando sus propios ahorros, tomaría más de una década en recuperar lo que el país perdió en apenas cinco años, sin cambios estructurales deliberados.

El país no es uno solo

Venezuela opera como una economía multimoneda con al menos tres zonas de influencia: el dólar domina la región centro-norte costera; el oro rige en Guayana y el Arco Minero; el peso colombiano circula en los estados fronterizos, con uso reportado hasta Portuguesa. El grado real de dolarización de las transacciones varía enormemente: más del 90% en San Cristóbal y Maracaibo, 82% en Nueva Esparta, 72% en Lechería, y apenas 59% en Caracas —sexto lugar del ranking, desmontando el mito de que la capital es representativa del resto del país.

La desigualdad de ingresos, en números. 

Más del 70% de la población gana menos de 50 dólares al mes. Solo un 30% de la población activa gana más de 300 dólares mensuales, y apenas un 6% supera los 1.000 dólares. El PIB venezolano se estima entre 109.000 y 111.000 millones de dólares para 2025-2026, una contracción nominal de aproximadamente 75% frente al pico de 2012.

Quién se fue y quién se quedó. 

En 2017, el 57% de quienes emigraban eran jóvenes entre 15 y 29 años, y el 52% tenía formación técnica o universitaria. Para 2024, ese grupo joven representaba solo el 40%, y siete de cada diez migrantes recientes tenían apenas educación primaria o secundaria: la diáspora más profesionalizada salió primero. Del otro lado, 7% de los hogares venezolanos recibió a un familiar retornado durante el último año, según la Encovi 2025, que estima la población en 28,5 millones de habitantes —muy por debajo de los 34 millones que proyectaba Naciones Unidas en 2015— con una relación de dependencia de 65 personas por cada 100 en edad activa.

La crisis educativa y el emprendimiento

La cobertura educativa entre 3 y 24 años se ubica en apenas 64%, con 1,2 millones de niños y adolescentes fuera del sistema; entre 18 y 24 años, solo el 22% continúa estudiando. Según el Monitor Global de Emprendimiento, el 93,6% de los emprendedores venezolanos emprende "para ganarse la vida porque no hay empleos" —primer lugar en un ranking de 51 países—, mientras solo el 39,9% lo hace buscando generar riqueza. El 41,2% de la población activa es hoy trabajador por cuenta propia. Esto explica también el patrón del boom gastronómico: cerca de 200 restaurantes se inauguraron solo en 2022, pero hasta el 70% no supera su primer año de operación, golpeados por el exceso de oferta y el bajo poder adquisitivo.

Este es el terreno real —fragmentado, desigual, con una brecha histórica todavía sin cerrar— sobre el que cualquier oportunidad de inversión tiene que aterrizar con precisión, no con generalidades.

10 Cambios Estructurales Necesarios

Todo lo diagnosticado confirma una cosa: hay apetito de negocio, hay consumidor, y hay territorio. Lo que no hay es el marco institucional que convierta ese apetito en inversión sostenida. Estas son las diez acciones que, en cualquier orden pero de forma conjunta, tienen que ocurrir.

1. Seguridad jurídica

Ningún capital serio —nacional o extranjero— invierte en un activo que el Estado puede tomarle en cualquier momento con el argumento político del día. Eso es, en esencia, lo que hoy pesa sobre cualquier decisión de invertir en tierra productiva venezolana: la Ley de Tierras de 2001 sigue vigente, con las mismas facultades de intervención que permitieron expropiar 3,6 millones de hectáreas y dejar el 95% de ellas improductivas. Revisar esa ley no es un gesto simbólico hacia el pasado; es la precondición técnica para que cualquiera de las otras nueve medidas de esta lista tenga sentido. Nadie construye una planta procesadora de queso llanero, ni invierte en genética ganadera, ni firma un contrato de arrendamiento agrícola a diez años, si la validez de ese contrato depende de la discrecionalidad política del funcionario de turno. La seguridad jurídica retroactiva —revisar caso por caso, restituir donde sea posible, indemnizar con transparencia donde no— no es solo justicia para quien perdió su tierra: es la señal mínima que cualquier inversionista necesita para calcular el riesgo de entrar.

2. Un regulador sanitario unificado

Colombia resolvió hace más de tres décadas —el Invima se creó en 1993— algo que Venezuela nunca terminó de construir: una sola autoridad, con presupuesto propio, autonomía técnica frente al ciclo político, y la facultad exclusiva de certificar la inocuidad de alimentos, medicamentos y bebidas. Lo que hace del Invima un referente útil no es solo su existencia, sino su diseño institucional: es un ente descentralizado, con financiamiento parcialmente propio a través de las tasas que cobra por sus certificaciones, lo cual reduce su dependencia del presupuesto discrecional de un ministerio. En Venezuela, esa función hoy está repartida sin ninguna coordinación real entre el Ministerio de Salud, el de Agricultura y Tierras, y distintos institutos autónomos, cada uno con su propio criterio y sin una base de datos unificada de trazabilidad. Consolidar esa función en una sola autoridad nacional de inocuidad alimentaria es la pieza sin la cual ningún productor de queso de mano, ninguna granja porcina de traspatio, ninguna piscícola nueva, va a poder formalizarse bajo reglas claras y consistentes en todo el territorio.

3. Una regulación sin asfixiar.

Este es el punto más delicado de los diez, porque exige derogar un mecanismo que, pese a su fracaso demostrado, todavía se defiende con el argumento de "proteger al pueblo". Hay que ser precisos sobre qué se elimina y qué se construye en su lugar, porque no son lo mismo.

Lo que hay que eliminar: la Ley Orgánica de Precios Justos de 2014, con su tope de ganancia del 30% —único mecanismo de este tipo en el mundo— y el aparato sancionador de la Sundde que lo persigue con decomisos y multas discrecionales. En la práctica, ese tope nunca bajó los precios: empujó al productor formal hacia el cierre o hacia la informalidad, donde hoy opera entre el 60% y el 70% de la economía sin ningún control. Menos oferta formal, no precios más justos. Ese fue su único resultado real.

Lo que hay que construir: la protección real al consumidor no viene de decirle a una empresa cuánto puede ganar —eso lo resuelve la competencia entre varios oferentes, no un decreto—. Viene de tres cosas que hoy Venezuela no garantiza: trazabilidad obligatoria de cada producto, del lote a la góndola, con responsable identificable cuando algo sale mal; certificación sanitaria unificada bajo el regulador único del punto anterior; y defensa activa de la competencia —perseguir monopolios de distribución y barreras de entrada, no fijar techos de ganancia— para que compita más oferta, no para asfixiar al que produce.

Ni el modelo europeo, que carga al pequeño productor con certificaciones que solo el grande puede costear, ni la desregulación que hoy ensaya Estados Unidos, con menos inspectores y reglas de trazabilidad aplazadas, son el camino a copiar completo. Venezuela necesita su propio punto medio: exigencia sanitaria real y no negociable, sin burocracia que excluya a quien no tiene el tamaño de una multinacional.

4. Zonas económicas especiales

Este punto no parte de cero. La zona central del país —Carabobo, Aragua y Miranda— ya tiene la infraestructura y la vocación productiva; lo que perdió fue la inversión y las reglas claras para aprovecharla. Carabobo llegó a tener 60 parques industriales en más de 8.000 hectáreas, con 6.000 empresas activas en 2001 que generaban 600.000 empleos y el 40% de toda la industria manufacturera del país. Hoy apenas 600 de esas empresas siguen operando, a 20-30% de su capacidad instalada. Miranda aporta otra pieza distinta pero igual de estratégica: Barlovento concentra casi la mitad del cacao de todo el país, junto con café en los Altos Mirandinos y su propio corredor industrial en Guarenas-Guatire, hoy trabajando muy por debajo de su rendimiento técnico posible, en parte por la misma inseguridad jurídica que atraviesa este ensayo completo. Entre los tres estados no hace falta construir de nuevo: hace falta reactivar lo que ya existe.

La herramienta es conocida y probada en la región: concesiones arancelarias por lapsos definidos, exoneración parcial de impuesto sobre la renta en los primeros años, y ventanilla única de permisos, replicando lo que Costa Rica, República Dominicana y la Zona Libre de Colón en Panamá ya demostraron que funciona. Sobre esa base, cada estado aporta su propia vocación: Carabobo y Aragua para manufactura de alimentos, sobre infraestructura industrial subutilizada; Miranda para agroindustria de cacao y café, con salida directa hacia los puertos de la costa central; los llanos para ganadería y piscicultura; el oriente para pesca y turismo. El objetivo no es solo atraer capital nuevo: es competir, en costo regulatorio y velocidad de instalación, con los mismos países que en dos décadas se quedaron con la inversión que antes se instalaba en esta misma zona central.

5. Infraestructura básica funcional

Este es, en rigor, el punto sobre el que se sostienen o se caen todos los demás. No importa cuánta seguridad jurídica se ofrezca sobre la tierra si el camino que lleva a ella está destruido; no importa qué incentivo fiscal se ofrezca en una zona económica especial si no hay electricidad estable para operar una planta. Venezuela tiene hoy vialidad, electricidad, agua, internet, escuelas y centros de salud en un estado de deterioro que no se resuelve con un decreto, sino con inversión sostenida y visible. Este punto puede y debe caminar de la mano del punto 4: los mismos incentivos que atraen capital a una zona económica especial pueden condicionarse, en parte, a que ese capital co-invierta en la infraestructura que rodea su operación. La clave está en la transparencia: cada compromiso de infraestructura, público o mixto, tiene que ser auditable por la ciudadanía en tiempo real, no un documento de archivo que nadie vuelve a consultar después del anuncio inaugural.

6. Simplificación tributaria radical

Registrar una empresa en Venezuela exige hoy, según distintas estimaciones, alrededor de 18 procedimientos repartidos entre el Registro Mercantil (Saren), el Seniat, la alcaldía correspondiente y organismos técnicos como bomberos y sanidad, con un proceso completo que puede extenderse de varias semanas a varios meses según la actividad y el municipio. Ese costo de entrada no es un detalle administrativo menor: es, en la práctica, el principal motivo por el cual entre el 60% y el 70% de la economía venezolana opera hoy fuera del sistema formal.

Colombia resolvió un problema casi idéntico con la Sociedad por Acciones Simplificada, creada por la Ley 1258 de 2008, y el resultado es contundente: hoy más del 90% de las nuevas empresas colombianas se constituyen bajo esta figura. La SAS no exige capital mínimo, permite un solo accionista, elimina la necesidad de escritura pública salvo que se aporten bienes inmuebles, y todo el trámite se centraliza en una Ventanilla Única Empresarial que integra Cámara de Comercio y DIAN en un mismo flujo. La DIAN puede asignar el número tributario el mismo día a través de canales virtuales, y la inscripción mercantil completa suele resolverse en días, no en meses. Estados Unidos ofrece una lógica similar con la constitución de LLC en estados como Delaware, donde el registro puede completarse en 24 horas de forma enteramente digital.

Ninguno de los dos modelos renunció al control: lo rediseñaron. La SAS colombiana no eliminó la supervisión —si se usa para fraude, la propia ley obliga a los accionistas a responder solidariamente, perdiendo la protección patrimonial que la figura ofrece—, y toda la información de la empresa queda centralizada y trazable desde el primer día en el Registro Único Empresarial. Ese es exactamente el punto que Venezuela tiene que copiar con precisión: la solución no es relajar el control, es cambiar su naturaleza. Un sistema dinámico, con trámites digitales, ventanilla única real y régimen arancelario simplificado, que integre al pequeño productor porque le conviene formalizarse —acceso a crédito, facturación legal, protección patrimonial—, no porque lo persigan si no lo hace. Controlar para conocer y acompañar a quien produce es distinto a controlar para sancionar a quien apenas puede sobrevivir; Colombia demostró que se puede tener ambas cosas, formalización masiva y trazabilidad completa, al mismo tiempo.

7. Líneas de crédito para investigación aplicada

Hay que nombrar un mito con precisión, porque confunde a productores y a políticas públicas por igual: la idea de que la tradición, por sí sola, es un plan de exportación. No lo es. La tradición explica por qué el queso llanero o el queso de mano saben como saben. No explica cómo ese mismo queso sobrevive un viaje de dos semanas en barco, cumple los estándares sanitarios de la Unión Europea, y llega a un anaquel de Mercadona con una vida útil predecible y una ficha técnica que un inspector pueda auditar. Eso no es una cuestión de identidad cultural. Es una cuestión de ingeniería alimentaria, y la ingeniería alimentaria requiere inversión, no nostalgia.

El caso del queso Oaxaca en México es la prueba de que ese salto es posible sin que el producto pierda su alma. Durante generaciones, el quesillo oaxaqueño fue exactamente lo que hoy es el queso llanero en Venezuela: una joya regional, producida de forma artesanal, con enorme reputación local pero sin capacidad de escalar más allá de su propio mercado. Lo que cambió esa historia fue la creación de instituciones específicas —como el Instituto de la Carne y la Leche (Incalec)— dedicadas exclusivamente a dar asesoría técnica, capacitación sanitaria y acompañamiento de exportación a los propios productores tradicionales, trabajando de la mano con universidades para desarrollar mejores prácticas sin desplazar al productor original del centro del negocio. El resultado no fue un queso Oaxaca genérico de fábrica: fue un queso Oaxaca artesanal capaz de cumplir estándares internacionales, hoy reconocido por chefs y consumidores fuera de México.

Ese es exactamente el modelo que Venezuela no tiene y necesita construir: no reemplazar al productor de la quesera llanera por una planta industrial ajena a su tradición, sino ponerle a su lado la investigación que le falta —cómo estandarizar la cuajada sin perder el sabor, cómo extender la vida útil sin conservantes agresivos, cómo certificar la cadena de frío desde el ordeño hasta el empaque—. Eso requiere tres piezas concretas: líneas de crédito específicas para investigación y desarrollo alimentario, dirigidas al pequeño y mediano productor, no solo a la gran industria; alianzas formales entre universidades agropecuarias venezolanas y los propios productores tradicionales, replicando el modelo de acompañamiento técnico que ya funcionó en México; y protocolos sanitarios diseñados con el productor, no impuestos desde un escritorio en Caracas por alguien que nunca ha pisado una quesera de los llanos.

El mercado que espera del otro lado ya existe y está cuantificado: casi nueve millones de venezolanos en el exterior, muchos de ellos con poder adquisitivo en euros o dólares, dispuestos a pagar por el sabor exacto que dejaron atrás. Lo único que falta no es demanda, ni tradición, ni calidad de base. Es la inversión que convierta esa tradición en un producto que pueda viajar.

8. Oportunidades reales para la diáspora que quiere volver.

Quien regresa a Venezuela después de años afuera no está simplemente volviendo a un lugar: está entrando a un país distinto del que dejó, con una forma de vida, un ingreso y una rutina ya construidos en otro sitio. Ese es el error de cálculo más común en cualquier discurso sobre el retorno: asumir que la nostalgia, por sí sola, puede competir contra un salario estable, un sistema de salud funcional y una escuela confiable para los hijos. No puede. Lo que sí compite es una oferta económica concreta, diseñada específicamente para reducir el riesgo financiero de esa decisión, y aquí Venezuela no tiene que inventar nada: puede copiar, casi punto por punto, un modelo que otro país con una diáspora igual de masiva ya construyó y ya probó que funciona.

Portugal, con más de dos millones de emigrados repartidos por el mundo, diseñó el Programa Regressar exactamente para este problema. El componente fiscal es el más determinante: una exención del 50% sobre los ingresos del trabajo dependiente o independiente durante los primeros cinco años tras el regreso, con un límite anual generoso. A eso se suma un apoyo financiero directo —de varios miles de euros— para cubrir gastos concretos de reinstalación: transporte de bienes, alojamiento inicial, mudanza. Existen líneas de crédito específicas para quienes regresan con intención de emprender, un incentivo adicional por cada miembro de la familia que también se reinstale en el país, y —el elemento que más directamente aplica al caso venezolano— reconocimiento explícito de las cualificaciones académicas y profesionales obtenidas en el extranjero, sin que el retornado tenga que empezar de cero a validar lo que ya demostró que sabe hacer.

Ese diseño no es casualidad: cada componente del programa portugués ataca un obstáculo específico, medible, del cálculo que hace cualquier persona antes de mudarse de país. La exención fiscal compensa la pérdida temporal de estabilidad de ingreso. El apoyo a la reinstalación cubre el costo inmediato de la mudanza, que para muchas familias es la barrera que impide siquiera considerar la opción. El reconocimiento de credenciales elimina la fricción burocrática que, de otra forma, obligaría a un ingeniero o a un gerente de planta a perder meses o años revalidando un título que ya probó su valor en otro mercado. Y el incentivo familiar reconoce algo que rara vez se dice en voz alta: nadie vuelve solo, la decisión se toma en familia, y el programa que ignora eso está ignorando la variable más importante de la ecuación.

Venezuela puede construir su propia versión de este modelo con la misma lógica: exención fiscal temporal sobre el ingreso, apoyo directo a la reinstalación —con énfasis en las zonas productivas identificadas en este ensayo, no solo en las grandes ciudades—, reconocimiento inmediato y automático de credenciales profesionales obtenidas en el exterior, y líneas de crédito específicas para quien regresa con intención de emprender o invertir en el sector agroalimentario. Sin esos cuatro elementos, funcionando juntos y no como anuncios aislados, la conversación sobre el retorno de talento seguirá siendo, como hasta ahora, más discurso emocional que política pública capaz de mover una decisión real.

9. Puertos y aduanas despolitizados

Lamentablemente para todo hoy el Seniat sinónimo de corrupción y persecución, y ese es exactamente el patrón que hay que desmontar. Y hay que ser claros sobre lo que esto exige: no es un simple relevo de quién está a cargo. La historia reciente demuestra que ese tipo de cambio cosmético no funciona; lo que funciona es una reestructuración institucional completa, y existe al menos un caso que demuestra que eso puede hacerse rápido.

En 2003, Georgia era, según el Banco Mundial, uno de los países con la corrupción aduanera y policial más normalizada del mundo: pagar soborno para agilizar un trámite era, literalmente, un hecho cotidiano. Tras la Revolución de las Rosas, el nuevo gobierno no reformó gradualmente el sistema: disolvió por completo la policía de tránsito corrupta en un solo acto, digitalizó los registros públicos de propiedad y aduanas, y ejecutó el 80% de sus reformas estructurales en apenas cien días, bajo el mensaje explícito de "Georgia is open for business 24/7". El resultado, medido años después con la incorporación de inteligencia artificial y automatización a ese mismo sistema aduanero, fue una reducción del 37% en el tiempo de despacho y del 92% en la inspección documental. No fue un ajuste cosmético: fue reconstruir la institución desde sus cimientos, con servicio civil nuevo, procesos digitales y cero tolerancia documentada hacia el personal implicado en corrupción.

Un modelo más cercano y menos radical, pero igual de replicable, es el de Chile con su Sistema Integrado de Comercio Exterior (Sicex): una plataforma que centraliza en tiempo real toda la información que exigen las distintas entidades que intervienen en una importación o exportación, eliminando la necesidad de que un mismo trámite pase, uno por uno, por ventanillas separadas y funcionarios distintos —cada uno con su propio margen de discrecionalidad—. Ese diseño no elimina el control: lo hace visible y auditable, porque cada paso queda registrado digitalmente y no depende de la voluntad de una sola persona con sello en mano.

La magnitud del problema venezolano se mide en tiempo, y la comparación es incómoda mostrarla con números: un despacho aduanero en Colombia suele resolverse en uno a tres días hábiles cuando la documentación está completa, y el estándar internacional de la Organización Mundial de Aduanas apunta a 48 horas. En Venezuela, ese mismo trámite puede extenderse semanas o meses. Ninguna zona económica especial, por atractiva que sea en papel, compensa esa diferencia si la mercancía de un inversionista queda represada en el puerto el tiempo que le tomaría, en cualquier otro país de la región, completar el proceso varias veces.

Los cambios inmediatos, siguiendo ambos modelos, son identificables: digitalizar de punta a punta el proceso aduanero para que cada trámite quede registrado y sea auditable, sin depender del criterio de un solo funcionario; establecer un servicio civil de carrera para el personal aduanero, con concursos públicos y métricas de desempeño publicadas; y fijar, por norma, un tiempo máximo de despacho —72 horas como meta inicial realista, con aspiración declarada a las 48 horas del estándar internacional— con consecuencias automáticas y públicas cuando se incumpla.

10. Trazabilidad sanitaria universal

La seguridad alimentaria no depende de si una operación es grande o pequeña, depende de si tiene protocolos reales de bioseguridad. Lo que falta, casi siempre, no es voluntad del productor sino un sistema que le facilite cumplir, y aquí existe un modelo que demuestra que eso es posible incluso para un país con recursos limitados.

Uruguay construyó, a partir de 2004, el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), y en 2006 lo convirtió en obligatorio por ley para todo el rebaño bovino del país. Hoy identifica y rastrea electrónicamente a más de 12 millones de cabezas de ganado, desde el establecimiento de origen hasta la planta frigorífica, con georreferenciación de cada finca y trazabilidad individual de cada animal. El detalle que hace de este modelo un ejemplo replicable, y no solo un logro tecnológico inalcanzable, es cómo se financió: el Estado uruguayo asumió el costo de los dispositivos de identificación con cargo a rentas generales del país, no como una carga trasladada al productor. No fue una exigencia punitiva impuesta desde un escritorio; fue una herramienta que el Estado puso, literalmente, en la mano de cada ganadero, sin distinguir entre la finca familiar pequeña y el establecimiento más grande del país.

El resultado no fue solo sanitario: fue comercial. Esa trazabilidad completa le abrió a Uruguay acceso a 120 mercados internacionales, incluida la exigente Unión Europea, que reconoce el sistema uruguayo como garantía de origen y sanidad. Un país pequeño, sin el tamaño ni los recursos de sus vecinos regionales, se convirtió en referente mundial de trazabilidad ganadera porque entendió algo que Venezuela todavía no ha aplicado: la trazabilidad no es un costo que el productor deba asumir para que el Estado lo controle mejor, es una inversión pública que el Estado hace para que el productor pueda vender mejor.

Venezuela puede aplicar exactamente esa misma lógica: un sistema de registro y vacunación obligatorio, con el costo del dispositivo o cartilla sanitaria subsidiado por el Estado —no trasladado al criador de traspatio que hoy no tiene cómo pagarlo—, con brigadas móviles de vacunación llegando a las fincas más pequeñas igual que a las plantas industriales, y una base de datos centralizada que permita, por fin, saber quién produce qué y bajo qué condiciones sanitarias, en todo el territorio, sin excepción de escala. El objetivo no es perseguir al pequeño productor que hoy opera sin control por necesidad. Es darle, por primera vez, las herramientas para dejar de operar así.

Hay una industria que rara vez ocupa titulares, pero que mueve más dinero, más empleo y más dinamismo cotidiano que casi cualquier otro sector de una economía: la cadena de gran consumo. Es la que decide qué llega al anaquel, cómo se transporta, cómo se transforma una materia prima en un producto con marca, y cómo ese producto termina en la mesa de millones de personas todos los días, sin excepción, sin importar el ciclo político ni el precio del petróleo. Venezuela tiene, además, algo que muy pocos mercados en el mundo pueden reclamar: una cultura de consumo particular, arraigada, exigente, y una relación con los commodities agroalimentarios —cacao, café, cerdo, camarón, lácteos— que le inyecta a esa cadena un dinamismo que la crisis no logró apagar del todo, como demuestran las cinco historias de este propio espacio editorial. Ese es el terreno real de la oportunidad: no una promesa abstracta de "reconstrucción", sino una industria específica, medible, con reglas conocidas en cualquier otro país de la región, esperando que alguien decida jugarla bien en Venezuela.

Con el marco regulatorio resuelto, esas oportunidades dejan de ser una lista de deseos: la industrialización del queso llanero y el queso de mano como producto de exportación con código de barras, apuntando directamente a los casi nueve millones de venezolanos en el exterior que pagarían por ese sabor exacto en un supermercado de Madrid, Bogotá o Miami. La piscicultura, en un país con la costa Caribe más extensa de la región. La ganadería de los llanos, reconstruida sobre seguridad jurídica y física. Y, transversalmente, oportunidades de servicio —logística de frío, certificación sanitaria privada, consultoría de formalización— para quienes no quieran producir, sino facilitar que otros lo hagan.

Venezuela atraviesa hoy un umbral. Es un umbral borroso, todavía complicado, con más preguntas que certezas sobre lo que viene. Pero es, también, un umbral esperanzador, y es justo ahí, en ese punto impreciso entre el riesgo y la posibilidad, donde el riesgo empieza a ceder terreno frente a la oportunidad. Cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser si vale la pena entrar. Se reduce a algo mucho más simple, y mucho más incómodo para quien prefiere esperar: ¿voy a ser el primero, o voy a ser el último?

En abril de 2026, en un discurso en Madrid, María Corina Machado le dijo a la diáspora venezolana algo que sintetiza el espíritu con el que este ensayo quiere cerrar: que no hay fuerza en el mundo capaz de detener a los venezolanos cuando deciden hacer las cosas "a la venezolana". Esa frase no es un acto de vanidad nacional. Es, más bien, una constatación: ya sabemos, con nombre, apellido y fecha, cuáles errores no hay que repetir. Y ya tenemos, dispersa en Bogotá, en Madrid, en Miami, en Santiago, una generación entera de venezolanos que aprendió, afuera, cómo sí se hacen bien las cosas que en casa se hicieron mal durante 27 años. La tarea que queda no es inventar de nuevo el país. Es tener la disciplina de construirlo esta vez sobre cimientos que no dependan del precio del petróleo, de la voluntad de un ministro, ni de la memoria corta de quien gobierne. La ventana está abierta. Lo único que falta decidir es quién entra primero.